La Canada Real

Desde hace décadas la miseria al por mayor crece entre incineradoras, vertederos y escombreras. Los parias de la tierra que genera Madrid suelen acabar en el mayor terreno ocupado ilegalmente de toda España. Allí no existe la propiedad privada, ni los impuestos, ni tan siquiera los concejales. Como no todo iban a ser buenas noticias, la Cañada ha acabado siendo el mayor hipermercado de la droga de toda la Comunidad de Madrid, con decenas de narcos que se han instalado en chalets a tutiplén. La pacífica ciudad sin ley de antaño se ha convertido en la mayor concentración de drogadictos por metro cuadrado del país, como consecuencia del desalojo del poblado de las Barranquillas.

Según denuncia la Gerencia de Urbanismo, cada tres días surge una vivienda nueva en la Cañada. Pero la propia Administración, paradójicamente, es quien más incumple la ley. Al parecer estaría prohibido que unos 4.000 camiones la atraviesen diariamente o que se pueda verter nada allí. A mediados de los noventa la Comisión Europea calificó la Cañada Real como “un delito ecológico sin precedentes en el continente”. Y nosotros, ciudadanos de a pie, podríamos calificarla también como “el poblado de la injusticia”, y no sólo porque allí se incumpla la ley cada minuto.

Los informativos en televisión están poniéndose las botas con las espectaculares imágenes que están grabando a diez kilómetros del Pirulí. Probablemente alguno de los talentos de TVE que está recortando la plantilla, pero no su propio sueldo, esté planteándose suprimir la corresponsalía en Oriente Medio, que sale por un pico. Bastaría con mandar a la Cañada a Agustín Remesal con el abono transportes y un casco quitamultas, que de la ambientación ya se encargan los lugareños y la policía. La violencia está siendo el gran reclamo para los medios de comunicación, pues vende más una pedrada de moro que una china de hachís.

Bajo ese ambiente prebélico más propio de Gaza que del extrarradio de una capital europea, subyacen dos dramas ante los que solemos mirar hacia otro lado. Por una parte la pobreza, pues sus habitantes son la escoria de una sociedad que pretende depurarlos junto a una incineradora. Y por otro la delincuencia y la drogadicción, consecuencia directa de la citada miseria. Aun así, sus desesperados habitantes están dando a todos los telespectadores una sobrecogedora lección de solidaridad. Un concepto que para ellos todavía conserva intacto su auténtico significado. Nosotros podemos seguir votando a la presunta izquierda, leyendo El País o Público, declarándonos progresistas e insultando a Bush y a Aznar. Pero mientras la indigencia siga creciendo en nuestras cloacas, suplico que ningún hipócrita me hable solemnemente de igualdaz o solidaridaz, que cambio de canal.

Desde hace décadas la miseria al por mayor crece entre incineradoras, vertederos y escombreras. Los parias de la tierra que genera Madrid suelen acabar en el mayor terreno ocupado ilegalmente de toda España. Allí no existe la propiedad privada, ni los impuestos, ni tan siquiera los concejales. Como no todo iban a ser buenas noticias, la Cañada ha acabado siendo el mayor hipermercado de la droga de toda la Comunidad de Madrid, con decenas de narcos que se han instalado en chalets a tutiplén. La pacífica ciudad sin ley de antaño se ha convertido en la mayor concentración de drogadictos por metro cuadrado del país, como consecuencia del desalojo del poblado de las Barranquillas.

Según denuncia la Gerencia de Urbanismo, cada tres días surge una vivienda nueva en la Cañada. Pero la propia Administración, paradójicamente, es quien más incumple la ley. Al parecer estaría prohibido que unos 4.000 camiones la atraviesen diariamente o que se pueda verter nada allí. A mediados de los noventa la Comisión Europea calificó la Cañada Real como “un delito ecológico sin precedentes en el continente”. Y nosotros, ciudadanos de a pie, podríamos calificarla también como “el poblado de la injusticia”, y no sólo porque allí se incumpla la ley cada minuto.

Los informativos en televisión están poniéndose las botas con las espectaculares imágenes que están grabando a diez kilómetros del Pirulí. Probablemente alguno de los talentos de TVE que está recortando la plantilla, pero no su propio sueldo, esté planteándose suprimir la corresponsalía en Oriente Medio, que sale por un pico. Bastaría con mandar a la Cañada a Agustín Remesal con el abono transportes y un casco quitamultas, que de la ambientación ya se encargan los lugareños y la policía. La violencia está siendo el gran reclamo para los medios de comunicación, pues vende más una pedrada de moro que una china de hachís.

Bajo ese ambiente prebélico más propio de Gaza que del extrarradio de una capital europea, subyacen dos dramas ante los que solemos mirar hacia otro lado. Por una parte la pobreza, pues sus habitantes son la escoria de una sociedad que pretende depurarlos junto a una incineradora. Y por otro la delincuencia y la drogadicción, consecuencia directa de la citada miseria. Aun así, sus desesperados habitantes están dando a todos los telespectadores una sobrecogedora lección de solidaridad. Un concepto que para ellos todavía conserva intacto su auténtico significado. Nosotros podemos seguir votando a la presunta izquierda, leyendo El País o Público, declarándonos progresistas e insultando a Bush y a Aznar. Pero mientras la indigencia siga creciendo en nuestras cloacas, suplico que ningún hipócrita me hable solemnemente de igualdaz o solidaridaz, que cambio de canal.

Hombre rico, hombre pobre

Un chico de veinte años puede pasar los próximos siete enchironado. El motivo: robar cuatro euros, un móvil y el vale de un Burger King. No sabía yo que la comida basura pudiese salir tan cara. Sus familiares sostienen que el reo no estaba en el lugar de los hechos cuando se produjo el robo. Además cuenta con testigos que declararon estar con el inculpado en el momento del citado delito. El juez no ha valorado estos testimonios porque provienen de amigos o conocidos del acusado. Es decir, que de nada sirve tener una coartada que pueda ser corroborada por un familiar o amigo, especialmente si el inculpado es pobre.

Supongamos que este muchacho hubiese pasado la tarde sin ningún conocido, pero viendo un partido de fútbol infantil con cincuenta padres como espectadores, ¿de qué le serviría tener tantos testigos, si no los conoce y por tanto no podría contactar con ellos para que declarasen? Rechazar testimonios porque procedan del entorno del acusado es un atropello judicial. Al parecer su señoría ha valorado exclusivamente la declaración de los dos menores víctimas del atraco. Desconozco si el veinteañero será culpable, pero eso no es lo relevante. Lo sustancial es que a un joven le puedan destrozar la vida por un delito así.

Por si esta noticia no fuese lo bastante grave, leo otra igual de indignante, y que se complementa con la primera: “La temporalidad en España triplica la de la Unión Europea”. Casualmente Andalucía, la tierra del reo, y Extremadura, son las comunidades donde la temporalidad alcanza las cotas más altas. La precariedad laboral llega a tales extremos, que hasta la Administración pública contrata habitualmente los servicios de cualquier vergonzante ETT. Mientras, los beneficios empresariales se disparan a costa de las rentas de los asalariados. Es lo que nuestro terrorismo empresarial denomina eufemísticamente “optimizar recursos”.

Menos mal que nuestra sociedad está llena de madridistas, gente civilizada y de bien donde las haya. No como los pobres del Atleti, impresentables que contaminan con su sola presencia, como nos demuestra el anuncio del Metro de Madrid. Eso sí, la señora presidenta ha cesado inmediatamente a sus responsables. Una cosa es que todos sepamos que los pobres dan grima, y otra muy distinta que nos pitorreemos de ellos públicamente. Estas cosas hay que hacerlas con disimulo, como hace el presidente blanco. Sin riesgo de pasar por el trullo, da gusto conseguir viviendas públicas a tus más allegados. ¿Por qué se las tendrían que quedar los pobres, pudiendo trapichear con ellas los ricos? Desengáñate. En esta España, que en el telediario llaman de la justicia social, los cientos de Calderones y sus distinguidos entornos jamás serán juzgados como un vulgar ratero del Betis.